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¿que es MUFACE?

Los distintos Regímenes de Seguridad Social tienen como característica común el garantizar a las personas que por razón de su actividad están incluidas en su campo de aplicación y a los familiares o asimilados que tuvieran a su cargo, una adecuada protección o cobertura, frente a los riesgos y contingencias que les puedan sobrevenir.

Junto al Régimen General de la Seguridad Social, al que están acogidos la mayor parte de los ciudadanos, existen diversos Regímenes Especiales, y entre ellos, el Régimen Especial de Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado.

Tanto la Ley 109/1963, de 20 de julio, de Funcionarios Civiles del Estado, como el Decreto 315/1964, de 7 de febrero, que aprobó el Texto Articulado, disponían que el Régimen de la Seguridad Social de los Funcionarios Públicos sería establecido por Ley especial.

Al abordar la regulación legal de este Régimen Especial hubo, lógicamente, que tener en cuenta y analizar, tanto por razones prácticas como de oportunidad legislativa, la existencia de mecanismos de protección de los Funcionarios Públicos, que sin poder calificarse de Régimen o Sistema de Seguridad Social, sí constituían un conjunto de medidas tutelares de previsión social.

Al examinar la situación existente y concretamente la de los Funcionarios Civiles de la Administración del Estado, las conclusiones que se obtuvieron fueron las siguientes:

La totalidad de los Funcionarios Civiles del Estado estaban protegidos, frente a los riesgos de vejez, incapacidad y muerte por el Régimen de Clases Pasivas y frente a las mayores cargas económicas por hijos a cargo del funcionario, por el sistema de Ayuda Familiar.

Un importante número de Funcionarios Civiles (más de 100.000) carecían total y absolutamente de cualquier tipo de cobertura contra el riesgo de enfermedad, y el resto, tenían cubierto este riesgo en muy diferente medida, según estuvieran afiliados o no a alguna de las mutualidades existentes, y de estarlo, de acuerdo con la Mutualidad concreta de la que se tratara.

La variedad de instituciones mutualistas (65 oficialmente censadas) daba lugar a una diversidad de prestaciones dispersas. Así, en el caso de la Asistencia Sanitaria, frente a mutualidades en las que sus afiliados disponían de una Asistencia Médico-Quirúrgica completa y Prestación Farmacéutica gratuita, otras carecían de esta cobertura o la tenían implantada muy parcialmente (únicamente hospitalización quirúrgica, ayuda o socorro en cantidad mensual fija, etc).

Teniendo en cuenta la realidad descrita, plagada de quiebras, imperfecciones y sobre todo desigualdades, la Ley 29/1975, de 27 de junio, sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, partiendo de la existencia -y consagrando su mantenimiento- de los sistemas de Clases Pasivas y Ayuda familiar (hoy prestaciones por hijo a cargo) a los que con carácter general y obligatorio estaban adscritos todos los Funcionarios de la Administración Civil del Estado, crea una Mutualidad única, la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, también de adscripción obligatoria, con un repertorio de prestaciones lo suficientemente amplio y flexible como para garantizar al funcionario de la Administración Civil del Estado, una protección adecuada contra todos aquellos riesgos y carencias a los que está expuesto a lo largo de su vida profesional y que no estaban ya cubiertos por los otros dos mecanismos de cobertura ya existentes.