También se ha previsto el envejecimiento de las plantillas actuales de la Administración, cuyos trabajadores tienen de media 52 años y unas previsiones de jubilación del 51% del personal en los próximos diez años.
El Consejo de Ministros del 29 de marzo, ha aprobado la Oferta de Empleo Público (OEP) para 2019, que incluye un total de 33.793 plazas, 7.375 de las cuales están destinadas a cubrir efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, 5.561, y las Fuerzas Armadas, 1.814.
La oferta, que supone casi un 10% de aumento respecto a la de 2018, puesto que aumenta su número en 2.949 plazas, prevé un total de 20.781 puestos para la Administración General del Estado (AGE) y 383 plazas, que ya se convocaron en febrero, por el efecto del ‘Brexit’.
Por otro lado, 5.254 de las plazas convocadas se corresponden a estabilización de empleo temporal, lo que “acaba prácticamente con la precariedad laboral en la Administración General del Estado”, ha incidido el Gobierno. En concreto, 2.237 de estas plazas de estabilización se destinan al ámbito de Justicia; 489, a Educación, y 2.528 a la Administración General de Estado (AGE), que aunque son para 2019 se corresponden con los Presupuestos Generales del Estado del ejercicio anterior.
Es “la mayor oferta de los últimos 11 años”, según ha precisado el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, desde donde han insistido que es la primera vez que la OEP se realiza con una metodología plurianual y con una filosofía de ‘base 0’ para 2019 como año inicial de referencia del período de planificación.
Además, a la oferta se le aplicará la eliminación como motivo de exclusión para el acceso al empleo público del diagnóstico de la diabetes, celiaquía, psoriasis o VIH, una “importante medida”, según han recordado desde gabinete, que se aprobó en noviembre. De forma paralela, han especificado que el Gobierno actual tiene el objetivo de utilizar la OEP como un “instrumento de planificación de recursos humanos” mediante la incorporación de herramientas que permitan hacer un uso “lo más eficiente posible” de la distribución de las plazas de la oferta.
Envejecimiento
Por otro lado, se ha analizado el envejecimiento de las plantillas del personal de la AGE y, en consecuencia, se ha realizado la OEP sobre las necesidades previstas a tres años.
Según se desprende del análisis, la edad media del personal de la AGE es de 51,9 años, casi diez años más que la del conjunto de la población activa de España, que se sitúa en 42,5 años. El envejecimiento del personal es, según el Ministerio de Política Territorial, un “reto” y han explicado que, en los últimos 15 años, se ha observado cómo se “acelera”. Los 46 años registrados en 2004 pasaron a 47 en 2008, 49 en 2012 y 52 en 2019.
El informe apuntado matiza que “la primera consecuencia” de esta situación afecta a la “previsible reducción de los efectivos por el impacto de la jubilación”. De hecho, en la próxima década, más del 51% del personal, unas 70.000 personas, se jubilarán. Los grupos auxiliares y administrativo alcanzan porcentajes del 57,3% y 62,6%, respectivamente.
“Las cifras dan una idea de la magnitud del problema que hay que afrontar en los próximos años, de manera ineludible, mediante una reposición suficiente de efectivos, jugando un papel esencial las ofertas de empleo”, se ha explicado desde el Ministerio.
El reto, a juicio del gabinete, no es sólo cuantitativo, ya que “las necesidades son distintas a las que había hace 15 años y las circunstancias han cambiado en la Administración”: la descentralización y las nuevas tecnologías adquieren cada vez mayor protagonismo y, por tanto, repercuten en la prestación de los servicios públicos, en opinión del Ministerio que preside Meritxell Batet. “Con estos aspectos, hay que definir los nuevos recursos humanos en función de los sectores más necesitados y de atención directa a la ciudadanía, a través de la adecuada planificación”, han concluido desde el Ministerio.
Más información: Ministerio de Política
Territorial y Función Pública
